Detrimento patrimonial y malos manejos en un leonino otrosí en la concesión de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso está denunciando el representante a la Cámara Wilmer Castellanos.

_{Wilmer Castellanos asegura que, aunque el tramo entre Villapinzón y Tunja, donde está el peaje Albarracín, le fue devuelto al Invías, los de Macquarie siguen operando el cobro en esa caseta. Foto: Archivo/Boyacá Sie7e Días.}

*Por: Harvey Yecid Medina Alfonso

En un nuevo escándalo se pueden convertir las denuncias del congresista de Partido Verde Wilmer Castellanos, quien está pidiendo urgente no solo una sesión de control político al Invías, la ANI y el Ministerio de Transportes, sino que las autoridades respectivas hagan su trabajo en lo que podría ser un multimillonario caso de corrupción en el marco de la concesión de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso.

“Empezando porque las obras que se condicionaron para la concesión que se firmó hace 22 años nunca se terminaron, pues hasta en el nombre nos han mentido al llamarla BTS, que significaba Briceño-Tunja-Sogamoso, pero realmente la doble calzada solo llegó hasta Tibasosa, y ahora para completar, resulta que en el 2021 en el Gobierno nacional se firmó un otrosí para devolverle al Estado el 45 por ciento, es decir 87 de los más de 200 kilómetros concesionados”, explicó a Boyacá Sie7e Días Wilmer Castellanos.

El congresista añadió que, en el 2021 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó un otrosí con el concesionario para recibirle más del 45 por ciento del tramo concesionado, es decir, 87 kilómetros que ahora son responsabilidad del Gobierno nacional que es el que ahora debe responder por el mantenimiento correctivo y preventivo, la operación y el funcionamiento de este tramo vial.

“Lo que sí se les olvidó fue devolver los tres peajes que hacen parte de la concesión y lo más grave es que uno de esos peajes que la concesión cobra y que es el denominado Albarracín, en límites entre Cundinamarca y Boyacá, se encuentra dentro de uno de los tramos devueltos por la concesión, que es el de la vía Villapinzón-Ventaquemada-Tunja, el cual representa 54 kilómetros de los 87 que devolvieron”, aseguró el representante a la Cámara por Boyacá.

Dijo además el congresista boyacense que, desde el año pasado, junto a su equipo, viene trabajando en la documentación e investigación de este caso y que a la par ha venido insistiéndole al Gobierno nacional para que se responda por el mantenimiento de esta vía.

“El Invías ya en este Gobierno no quería recibir el tramo vial, en un compromiso asumido por el Gobierno de Iván Duque, pero tuvieron que hacerlo porque había ya unas responsabilidades adquiridas por el Estado y el concesionario las hizo cumplir”, explicó Castellanos y agregó que a la par con la investigación, ha venido tramitando recursos para este carreteable, que es el más importante del departamento de Boyacá y que de esa manera logró un compromiso por casi 60.000 millones de pesos, incluida la interventoría.

_{El congresista boyacense asegura que llegará a instancias judiciales con lo que ocurrió  con este otrosí en la concesión de la BTS, porque genera muchísimas suspicacias. Foto: Archivo/Boyacá Sie7e Días.}

Aseguró que en total son 50.000 millones de pesos para el mantenimiento correctivo y preventivo del corredor vial que se devolvió al Invías y que incluye mantenimiento en el asfalto, pero también rocería en el separador y orillas de la vía, obras de arte del tramo, e incluso el servicio de la ambulancia, el carro taller y la grúa.

“Claro que entiendo que el recurso es insuficiente, pero gracias a nuestra gestión y presión, logramos que se destinaran cerca de 60.000 millones de pesos hasta junio del año 2026”, comentó.

Y agregó que, desde el año pasado radicó una proposición para realizar un debate de control político a la BTS, a la ANI, al Ministerio de Transportes y al Invías, para que expliquen quién tomó la decisión, por qué la tomaron y especialmente que se entregue la información de cara a la constitución de un posible detrimento patrimonial por parte de la nación, al haber aceptado firmar ese otrosí.

“Es que esto es inaudito. Esta es la primera carretera de nuestro país en la que se devuelve casi la mitad del tramo concesionado para que el Estado responda, pero el privado se queda con los peajes, esos sí no los devolvió”, argumentó el representante a la Cámara y a aseguró que llegará a instancias judiciales con lo que ocurrió con este otrosí en la concesión de la BTS, porque genera muchísimas suspicacias.

Y recalcó Castellanos que, esto causa indignación, porque solo el peaje de Albarracín recauda más de 90.000 millones de pesos al año, pero, que además, en el otrosí a pesar de lo desventajoso para el Estado, quedaron unos compromisos que no se han cumplido, como por ejemplo que se había comprometió a entregar 20.000 millones al año a la nación para ayudar con el mantenimiento, pero que esto nunca se ha dado.

“Recordemos que este concesionario pertenecía a CCS Constructores del Grupo Solarte de Pasto, pero vendieron el contrato y ahora está en manos de un consorcio internacional”, comentó Wilmer Castellanos.

El político boyacense se refiere al Fondo de Inversión Australiano Macquarie, que compró a los Solarte el contrato de concesión en octubre del 2020, empresa que aparece como uno de los inversionistas más grandes del mundo en infraestructura, con presencia en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Igualmente cuenta con inversiones en Brasil, Chile, México y Perú, y maneja el Fondo Mexicano de Infraestructura Macquarie.

*Jefe de redacción de Boyacá Sie7e Días

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