“En un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones públicas parece estar en uno de sus puntos más críticos, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha hecho visible algo más profundo que un simple caso de malos manejos administrativos: nos enfrentamos a una red estructurada de poder, privilegios y engaño, donde los más altos principios del servicio público fueron vulnerados.

Como exfiscal y expersonera he sido testigo, desde distintos ángulos, del valor que tiene la verdad cuando se la respeta y del costo que implica cuando se la traiciona. Por eso, este momento exige que la justicia actúe sin titubeos, sin cálculo político y con la firmeza que merece el país.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de Desastres, se convierte en el primer condenado en esta cadena de corrupción tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía. Su declaración de culpabilidad y la devolución de más de 600 millones de pesos son un paso, sí, pero apenas el comienzo. Lo que él ha confesado —y lo que está por revelar— pone en entredicho la honorabilidad de quienes han sido llamados a representar los intereses de la nación, desde el Congreso hasta la Presidencia.

Según lo expuesto, contratos por cifras multimillonarias habrían sido utilizados como moneda de cambio para obtener apoyos políticos, en un juego perverso donde la necesidad de las comunidades vulnerables se convirtió en el telón de fondo perfecto para ejecutar actos ilícitos. La compra de carrotanques, la manipulación de órdenes de proveeduría, y la entrega de coimas para favorecer reformas, no solo constituyen delitos. Son actos que lesionan el alma del Estado Social de Derecho.

No es la primera vez que Colombia enfrenta casos de corrupción de esta magnitud. Pero este episodio tiene un agravante simbólico: se jugó con el dolor de quienes más necesitan del Estado. La UNGRD no administra contratos ordinarios; administra la esperanza de quienes lo perdieron todo por un desastre natural.

Este caso debe ser una oportunidad para que el país retome una conversación necesaria sobre ética pública, control preventivo, y responsabilidad institucional. Las renuncias políticas no bastan. La justicia debe actuar con independencia, y la sociedad civil debe exigir resultados, no discursos.

La verdad no puede quedarse a medias. Si hay congresistas, funcionarios o altos dignatarios comprometidos, deberán responder ante la justicia con el mismo rigor que cualquier otro ciudadano. No hay honorabilidad ni fuero que justifique el silencio. En un Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley.

Hoy, más que nunca, necesitamos que las instituciones retomen el liderazgo moral que les corresponde. Que la justicia se imponga no como un acto de revancha, sino como una muestra de que este país aún tiene la capacidad de reconstruirse desde la integridad.

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