Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó este jueves su preocupación por el camino que el Gobierno nacional está tomando con respecto a la reforma laboral, particularmente la intención de someterla a una consulta popular. En diálogo con La FM de RCN, el dirigente gremial aseguró que la propuesta, tal como fue planteada, tiene un carácter populista y plantea un riesgo significativo tanto para el sector productivo como para el empleo en Colombia.

Cabal inició recordando que el articulado presentado para la consulta replica el que ya fue archivado dos veces en el Congreso, y consideró que lo novedoso ahora es la forma como se está intentando revivir: “Lo que sí sorprende es la forma y lo que hay detrás, con un tono y un tufillo muy populista orientado a que muchos sectores voten de manera un poco engañosa”.

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El líder gremial advirtió que si bien las preguntas que se plantean en la consulta pueden parecer atractivas para los trabajadores —como la reducción de la jornada laboral, el aumento de los recargos dominicales y la creación de subsidios— no se les está contando toda la historia: “¿A qué trabajador no le va a gustar que la jornada termine más temprano o que los dominicales se paguen al 100%? Pero lo que no se les dice es si su empleo se va a sostener”, afirmó.

Según estudios compartidos por Fenalco y Fedesarrollo, estas medidas aumentarían en promedio un 30% los costos laborales para las empresas. Cabal fue enfático en señalar que ese incremento impactaría de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 97% del tejido empresarial colombiano: “Las grandes pueden tener el pulmón financiero para absorber ese costo, pero las micro y pequeñas no lo tienen”.

Entre los sectores más golpeados, Cabal mencionó a las panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, bares, vigilancia privada y comercio nocturno, cuyas operaciones se verían afectadas por el recargo de horas extra desde las 6 de la tarde.

Además, cuestionó que la consulta incluya propuestas como la conversión de los contratos de los aprendices del SENA, lo cual implicaría un costo de 3,6 billones de pesos anuales para el empresariado.

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Otro punto crítico, según Cabal, es que muchas de las preguntas tienen implicaciones fiscales que no se explican al votante: “No se le está diciendo a la gente cuál es el costo para el país. Se habla de crear fondos para pensionar campesinos, pero eso tiene un impacto fiscal que debe discutirse abiertamente”.

Sobre el fondo político de la iniciativa, el presidente de Fenalco consideró que la consulta hace parte de una estrategia electoral del actual Gobierno: “Cada pregunta está dirigida a un sector para buscar el voto en las urnas. Esto hace parte de la estrategia de campaña del 2026 para atornillarse en el poder”.

Gremios hablarán con el Congreso y no con el presidente

También se refirió a la interlocución con el Ejecutivo, que calificó como inexistente: “Sabemos que este es un gobierno que no es inclusivo. Todo lo que no se diga como quieren oírlo, les suena a oposición. Por eso, nuestra interlocución ha sido con el Congreso y con los senadores”.

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Finalmente, Cabal reiteró que Fenalco no está haciendo política, sino defendiendo principios fundamentales del sistema democrático: “Nosotros defendemos la libre competencia, el estado de derecho y la sostenibilidad empresarial. Nuestra misión es mostrar con argumentos técnicos el grave perjuicio que esta consulta puede causarle al país”.

De avanzar esta propuesta, el líder gremial aseguró que desde Fenalco se insistirá en informar al empresariado y a la ciudadanía sobre las consecuencias económicas y sociales de una reforma que, a su juicio, no resuelve los problemas estructurales del empleo en Colombia, y que podría empujar a miles de negocios nuevamente hacia la informalidad.