El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró este miércoles que la consulta popular propuesta por el Gobierno hace parte de una estrategia amplia para promover el debate nacional sobre los derechos laborales en Colombia. Durante un foro, el funcionario señaló que este mecanismo busca centrar la conversación pública en torno a las condiciones de los trabajadores.

Sanguino también se refirió al proceso de apelación que busca revivir el proyecto de reforma laboral, hundido en la Comisión Séptima de la Cámara. El ministro expresó su preocupación frente a la posibilidad de que, incluso si la apelación prospera, el trámite en el Senado vuelva a frustrar el avance del proyecto.

“Yo creo que si logra revivirse, eventualmente porque prospere la apelación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, está listo para aplicarle la eutanasia y para volverlo a sepultar”, advirtió.

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Según el Ministro, el presidente del Senado podría escoger una comisión con mayoría opositora al cambio, lo cual impediría cualquier avance. “Le apuesto mil a uno a que escogerá una comisión en donde tenga mayoría los opositores al cambio para hundir definitivamente la reforma”.

Frente a la pregunta de si la mesa directiva del Senado tiene la potestad de decidir a qué comisión va el proyecto, el ministro fue claro: “Del presidente del Senado de la República. Y bueno, ya conocemos cuál ha sido la actitud del presidente del Senado. Él mismo se ha reconocido y se ha reivindicado como el jefe de la banda opositora a las reformas del cambio”.

Pese a la incertidumbre legislativa, el ministro aseguró que el Gobierno avanzará con el trámite de la consulta. “La consulta se va a radicar el primero de mayo. El presidente radicará la solicitud del concepto para la consulta popular y el Senado tiene un mes para pronunciarse en su plenario”, precisó.

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Sanguino también respondió a las voces del Congreso que han propuesto que la votación de la consulta se realice después de las elecciones del 26 de octubre. “A esos congresistas hay que decirles que lean la ley. La Ley 1757 establece que se radica la solicitud de concepto a la plenaria del Senado. La plenaria tiene un mes para pronunciarse y luego el presidente de la República tiene tres meses para convocarnos a las urnas”.