El Ministerio de Minas y Energía expidió un proyecto de decreto que obliga a las hidroeléctricas a realizar el 95% de sus contratos a largo plazo, con el objetivo principal reducir los precios de la energía y proteger a los usuarios regulados de la volatilidad del mercado.

El proyecto de decreto establece que las empresas generadoras, cuyo portafolio está basado principalmente en energía hidráulica, deben priorizar la venta de su generación a través de contratos de largo plazo.

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“Al menos el 95% de la generación horaria del portafolio hídrico de cada generador deberá ser vendido en contratos”, indica el documento.

Esta política responde a la necesidad de disminuir la exposición de los usuarios a los precios fluctuantes de la bolsa de energía, una dinámica que afecta especialmente a más de doce millones de hogares en situación de vulnerabilidad económica, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

“Los precios altos y volátiles de la bolsa de energía impactan directamente en las tarifas del servicio eléctrico, afectando la capacidad de los hogares más vulnerables para atender sus necesidades básicas”, señala el texto.

El decreto también busca mitigar los efectos de la variabilidad hidrológica y del cambio climático, que durante fenómenos como El Niño generan un aumento en los precios debido a la menor participación de fuentes hídricas en la generación de energía. Adicionalmente, se propone fomentar la contratación de largo plazo como un mecanismo para garantizar tarifas más accesibles y predecibles.

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) será la encargada de implementar los mecanismos necesarios dentro de los próximos tres meses para garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa.

El decreto ha generado un debate amplio entre los actores del sector energético, quienes analizan su impacto potencial en la dinámica del mercado y en la sostenibilidad del sistema eléctrico.