El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a las presuntas maniobras que involucrarían a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Petro manifestó inquietudes sobre las versiones que apuntan a una posible compra de votos de congresistas para favorecer al candidato ternado por su Gobierno.
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“La señora Sandra, que trabajaba aquí, le entregó tres mil millones de pesos al señor senador Iván Name. No sé exactamente qué dijo la señora, porque expresa que una parte iba para comprar senadores para elegir como magistrado a Vladimir Fernández. No puedo decir sí o no, pero sí me causa una inquietud”, señaló.
Petro cuestionó la lógica de un supuesto pago de sobornos cuando toda la terna presentada al Senado había sido conformada por su Gobierno.
“¿Por qué necesitaba Vladimir Fernández comprar senadores si la terna era toda presentada por el presidente de la República?”, preguntó el jefe de Estado.
El mandatario explicó que, como en ocasiones anteriores, la conformación de la terna fue una atribución legítima de su cargo.
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“He hecho como con la Fiscalía y otras ternas. Toda es hecha por mí porque es un derecho”, indicó. Además, recordó que en la terna para la Corte Constitucional también figuraban dos perfiles vinculados a su administración: Gerardo Vega, quien se desempeñó como director de la Agencia Nacional de Tierras, y otro aspirante de origen conservador.
Petro defendió el proceso de designación, resaltando que históricamente la composición de las altas cortes estuvo dominada por sectores liberales y conservadores.
“Nunca había habido un magistrado de izquierda, fuera de Alejandro Martínez, que fue uno de los mejores magistrados de la Corte Constitucional en épocas muy gloriosas”, expresó. También mencionó a Carlos Gaviria, a quien describió como un liberal progresista, aunque no estrictamente de izquierda.
Finalmente, el presidente reiteró que su intención al presentar la terna fue garantizar la representación de sectores tradicionalmente excluidos de la justicia.
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