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Gobierno busca acelerar entrega del ‘clan Úsuga’ vía decreto

Foto: usuga

Con decretos basados en Ley de Paz de 1997 podrían empezar formalmente los acercamientos.

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En las últimas semanas, mientras en el Congreso naufragaba la posibilidad de tramitar por fast track la ley que facilitaba el sometimiento de la banda de ‘los Úsuga’, el Gobierno ha venido explorando una vía intermedia para no dejar hundir la posibilidad de desmantelar el que hoy es el mayor cartel del narcotráfico en Colombia.


El miércoles, a través de un comunicado, las cabezas de ese grupo ilegal anunciaron un ‘cese de hostilidades’ indefinido. Se trata de una declaración con claras intenciones de presentarse como una organización política que, ya en el terreno, tiene pocos efectos porque el gran peso de ‘los Úsuga’ en la delincuencia es el narcotráfico puro y duro y no las acciones militares ni el control de territorios.

Sin embargo, el Gobierno interpreta el anuncio como una señal más de ‘Otoniel’, máxima cabeza del clan, para seguir adelante en el proceso de entrega anunciado hace dos meses a través de un video en el que por primera vez dio la cara ante el país.
Este jueves, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para lograr el sometimiento, pero que mientras este se produce “la orden a todos los generales y almirantes es perseverar, seguir perseverando para perseguir a estos delincuentes con toda la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas”.

“Si esa organización quiere someterse a la justicia, bienvenida sea –dijo el Presidente– (...) Estamos con el Ministro de Justicia redactando unos decretos y hay un proyecto de ley en el Congreso al que le vamos a dar mensaje de urgencia para facilitar el sometimiento a la justicia de manera colectiva de una organización como el ‘clan del Golfo’ ” (como el Gobierno llama a la banda).

El proyecto, cuyo contenido fue revelado por este diario en octubre pasado, finalmente irá por trámite ordinario en el Legislativo, y eso implica que no estaría aprobado antes de mediados del 2018. En esencia, la norma permite las entregas colectivas de grupos de delincuentes comunes y reafirma algunas gabelas que aunque existen hoy se aplican con restricciones para los grandes capos, como las rebajas de penas por sometimiento de hasta la mitad de la condena y la entrega de beneficios de redención de pena y condiciones especiales de reclusión.

EL TIEMPO confirmó con altas fuentes oficiales que los decretos de los que habla el Presidente –y que no están totalmente definidos, pues en el mismo Gobierno hay reservas jurídicas sobre la aplicación de esta salida– se refieren a la posibilidad de avanzar en los próximos meses en los contactos para finiquitar la entrega (‘acogimiento’, en palabras de ‘Otoniel’).

La esencia de la propuesta es que utilizando los instrumentos de la Ley 418 de 1997 (la Ley de Paz que ha sido usada por todos los gobiernos desde entonces para iniciar contactos con los grupos ilegales) se podría nombrar un responsable que pueda hablar con la cúpula del ‘clan Úsuga’ sobre las condiciones de su entrega.

Las fuentes señalaron que se apelaría al punto de esa norma que autoriza al Ejecutivo para “promover la reconciliación de los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz”.

En todo caso, no se tratará de una negociación política y por esto las posibilidades de beneficios como indultos y amnistías están descartadas de entrada. El proyecto de decreto contempla también que el delegado del Gobierno podrá concretar la concentración de los miembros de la banda en espacios territoriales delimitados y controlados por la Fuerza Pública, pero en los que no se aplicarían las órdenes de captura vigentes.

También, empezar a implementar los ajustes que permitirán un proceso de judicialización colectiva por la Fiscalía y que la Judicatura designe jueces transitorios para los casos.

Funcionarios del Ministerio vienen examinando qué puntos del proyecto llevado al Congreso se pueden salvar por decreto y cuales tendrán que ser llevados de nuevo al Legislativo. Esto, sobre todo, tratándose de eventuales gabelas penales a los jefes de las bandas.

El Gobierno resalta que cualquier acercamiento partirá de la base de que los casi 2.000 integrantes del ‘clan’ suspenden definitivamente cualquier actividad ilegal, empezando por el narcotráfico, reparan a sus víctimas y colaboran eficazmente para desmontar su emporio criminal.

Quienes no comparten la idea de buscar atajos legales acudiendo a la Ley 418 advierten que esta norma se creó para permitir contactos con grupos armados ilegales que tenían algún estatus político. Sin embargo, en el gobierno de Álvaro Uribe se eliminó esta restricción puntual, para permitir la negociación que terminó con el desmonte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En marzo deberá despegar el proyecto de ley que incluye, entre otras ‘zanahorias’ para las bandas, la aplicación de una norma ya vigente que permite que entreguen sus fortunas ilegales y conserven hasta un 5 por ciento de ellas, con un tope máximo de 2.500 salarios mínimos mensuales (unos 2.000 millones de pesos).

Aunque no está contemplado en el proyecto de ley, fuentes oficiales señalan que si el proceso de sometimiento muestra resultados concretos, el Gobierno está dispuesto a congelar las solicitudes de extradición que pesan contra la cúpula del ‘clan Úsuga’.

‘Don Mario’, con un pie en los Estados Unidos
El presidente Juan Manuel Santos anunció este jueves que el próximo sábado el capo y jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, ‘don Mario’, será enviado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

‘Don Mario’ fue capturado en el 2009 después de haber creado, junto con el asesinado Vicente Castaño, la banda de ‘los Urabeños’ (el nombre original del ‘clan Úsuga’). Para ese momento, la Corte autorizó su extradición, pero el Gobierno la suspendió mientras daba sus versiones en Justicia y Paz. Desde prisión, el capo hizo acercamientos para el sometimiento de sus antiguos lugartenientes.

Fuente: El Tiempo

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